El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha puesto en vigencia la nueva legislación de gestión de residuos sólidos, una normativa estructurada bajo el código 36-26 que incrementa significativamente las cargas impositivas para el sector privado. Esta reforma estructural modifica los parámetros de contribución obligatoria en función de los ingresos brutos de las compañías, aplicando un esquema de cobros progresivos que impacta directamente la estructura de costos corporativos en todo el territorio nacional.
Para la industria de la hospitalidad, este cambio representa una presión financiera adicional, especialmente para los grandes complejos hoteleros cuyas operaciones superan los 100 millones de pesos en ingresos anuales, enfrentando ahora tarifas que escalan hasta los 2.2 millones de pesos. El gremio turístico Asonahores, junto a otras cúpulas empresariales, ha manifestado su profunda preocupación por la falta de un análisis técnico previo y la ausencia de consensos sobre el destino y la transparencia en la administración de estos nuevos fondos recaudados.
La rápida aprobación de esta ley plantea un escenario de incertidumbre para la planificación presupuestaria de los resorts y destinos turísticos de cara a las próximas temporadas de alta ocupación. Se prevé que el sector privado mantenga abiertos los canales de comunicación con las autoridades gubernamentales con el fin de mitigar los efectos colaterales de estas medidas impositivas sobre la competitividad y el clima de inversión turística del país.