El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha oficializado la Ley 30-26, un esquema de reforma tributaria diseñado para blindar la estabilidad macroeconómica frente a las fluctuaciones del mercado global. Sancionada con carácter de urgencia por el Congreso Nacional, esta legislación busca captar ingresos adicionales de hasta 50,000 millones de pesos dominicanos. El plan gubernamental prioriza la continuidad de las obras de infraestructura pública y el sostenimiento de los programas de asistencia social del Estado.
Para la industria turística, el nuevo marco legal introduce ajustes notables, destacando el incremento de la tasa de salida aérea a 30 dólares por pasajero, que será retenida por las aerolíneas. Asimismo, se establecen gravámenes específicos sobre las mesas de juego en casinos y se aplica una retención del 15% a los servicios digitales contratados en el exterior. No obstante, la reducción del impuesto a las ganancias de capital inmobiliario al 10% y el periodo de amnistía fiscal ofrecen un alivio significativo para las transacciones del sector.
A mediano plazo, se proyecta que el destino caribeño incremente su atractivo para el desarrollo de proyectos habitacionales gracias a la exención paulatina de los gravámenes hipotecarios para el año 2028. Igualmente, los complejos de hospedaje podrán beneficiarse de la depreciación acelerada para renovar sus tecnologías y equipamiento industrial de manera inmediata. Esta reestructuración busca consolidar la seguridad jurídica y la competitividad internacional del país bajo un entorno financiero más predecible.